Como ya les habíamos contado, el Ministerio de Comercio decidió abrir la discusión de la ley de derechos de autor a la ciudadanía. El pasado viernes se llevó a cabo la primera de cinco sesiones, en las que funcionarios de esa cartera recibirán comentarios sobre la redacción del Proyecto de Ley 306 de 2013, que fue radicado por el ministro Sergio Díaz-Granados hace un par de meses en el Congreso.
Los sectores convocados son los periodistas, representantes de la academia, titulares de derechos de autor, desarrolladores y hackers y representantes de las bibliotecas públicas y de las personas en discapacidad. En la página web del colectivo RedPaTodos –con el que el Ministerio concertó estas sesiones– están los lugares y las fechas de cada una de ellas.
El punto de debate más fuerte en la reunión fue el de las excepciones y limitaciones a los derechos de autor. Algunos preguntamos por qué no se había aprovechado la oportunidad para legislar sobre ellas y ponerlas a tono con las nuevas leyes, y los representantes del Gobierno respondieron dos cosas. Primero, que el Proyecto de Ley 3o6 sí contempla la posibilidad de incluir nuevas excepciones y limitaciones; y segundo que cada una de ellas requiere un debate amplio que no se ha dado hasta ahora.
En la reunión del viernes, los representantes del Ministerio expresaron que todas las propuestas serán escuchadas y respondidas. Quienes no puedan acudir, pueden enviar sus propuestas por escrito al correo cpantoja@mincit.gov.co. Los funcionarios insistieron, sin embargo, que cada una de ellas debe plantearse teniendo como base lo que ya se acordó con Estados Unidos.
Ese día, aprovechamos para hacerles algunas preguntas a los funcionarios del Ministerio y de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) que estaban presentes. Aquí las respuestas.
Según explicó Carlos Corredor, de la DNDA, la decisión se tomó porque, a juicio del gobierno, lo que propone el Proyecto de Ley 306 no es nada nuevo, sino una actualización de los mismos derechos “al entorno digital“ y un ejercicio para hacer que concuerden tanto con el TLC como con la Decisión Andina de Derechos de Autor.
En cambio, como dice Corredor, “las ISP son un tema nuevo” que no estaba contemplado en nuestra legislación. Por eso, el Gobierno los tramitó por separado. Como se recordará, la primera ‘ley Lleras’ buscaba regular la responsabilidad de los prestadores de internet, mientras que los intentos posteriores de legislación pretendían actualizar la regulación de los derechos de autor sin tocar específicamente el tema de las ISP.
Según informó Nicolás Torres, jefe de la oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio, Colombia estaba comprometida a poner a tono su legislación de derechos de autor con el TLC cuando este entrara en vigencia, y a regular la responsabilidad de las ISP un año después.
Teniendo en cuenta que el TLC es efectivo desde el 15 de mayo de 2012, el país ya lleva 14 meses de atraso en el primer compromiso y dos meses en el segundo.
Torres indicó que Estados Unidos podría convocar a un mecanismo contemplado por el tratado y llamado ‘Mesa de solución de controversias’, en el que ese país podría llegar a “suspender algunos beneficios comerciales” que Colombia obtuvo con el TLC. El funcionario añadió que Washington “ha manifestado preocupaciones serias” por el incumplimiento de Bogotá en este y otros temas.
La ‘letra menuda’ del compromiso entre Colombia y Estados Unidos está en el Capítulo 16 del texto del tratado (PDF). En él, se describen al detalle tanto las obligaciones relacionadas con la responsabilidad de las ISP como las que tienen que ver con el tema más amplio de los derechos de autor y de la propiedad intelectual.
Muchas de esas cosas ya estaban incluidas en las leyes colombianas, pero otras no. Entre estas últimas está la ampliación del plazo de derechos de autor de 50 a 70 años cuando el titular es una persona jurídica, la reglamentación de cuándo es posible romper una protección anticopia y la prohibición las retransmisiones de contenidos televisivos a través de internet sin permiso del dueño de los derechos.
Lo que aun no está claro es hasta qué punto el TLC también impone la manera en la que se deben satisfacer esas obligaciones. Algunos activistas sostienen que el Tratado no obliga a Colombia a imitar los procedimientos estadounidenses –como ocurría en la ‘ley Lleras’ original–, y el Ministerio aun no ha sido claro al respecto. En la sesión, los funcionarios prometieron que elaborarían un documento que aclararía ese punto.
El Ministerio insiste en que “hará una evaluación de todas las propuestas“, por lo que algunas de ellas podrían verse reflejadas en un nuevo proyecto de ley que sería presentado al Congreso. Sin embargo, también existe la posibilidad de que ninguna observación sea tenida en cuenta y el proyecto de ley se quede como está.
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